//Esther Shabot
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha estado en México en el marco de una gira por América Latina en la cual Cuba y Colombia han estado también en su itinerario. Establecer acuerdos comerciales y nexos de cooperación y amistad fueron los propósitos declarados de su visita, pero aprovechó también su estancia en Cuba para manifestar su deseo de financiar la construcción de una mezquita en La Habana y otra en Santiago a fin de satisfacer las necesidades espirituales de 3,500 musulmanes que viven en la isla. El Directorio de Asuntos Religiosos de Turquía que administra las 80 mil mezquitas de ese país está embarcada actualmente en la construcción de cerca de 18 mezquitas en países como Estados Unidos, Rusia, Kazajstán, Kirgystán, Albania, Filipinas, Inglaterra, Palestina y Somalia. El objetivo de brindar servicios religiosos a los fieles musulmanes en esos países va sin duda de la mano del interés del régimen de Erdogan de constituirse en líder máximo del islamismo mundial, en competencia con Arabia Saudita. La creciente islamización de la vida pública en Turquía, promovida por Erdogan, está siendo acompañada así por una campaña paralela para ejercer su influencia religiosa y política entre público foráneo.El presidente turco aprovechó además los foros a su disposición durante su estancia en nuestro continente para pronunciar encendidos discursos en los que arremetió contra diversos actores internacionales con los que está confrontado, pero nada dijo de cómo en el parlamento de su país se ha comenzado a debatir una nueva ley de seguridad propuesta por iniciativa suya y del primer ministro Davutoglu, a fin de convertir a Turquía en un verdadero Estado policíaco. La susodicha ley pretende prevenir protestas populares antigubernamentales como las del Parque Gezi de 2013 y las de los kurdos en octubre de 2014 cuando estos se manifestaron contra la negativa del gobierno de Ankara de apoyar a los kurdos sirios en su lucha contra el ISIS en el poblado sirio de Kobani. Varias decenas de muertos por la represión de las fuerzas policíacas fue el saldo trágico que cobraron tales protestas.
La oposición parlamentaria en Turquía y grupos de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de ese país consideran esta nueva propuesta de legislación como un intento de reprimir totalmente la disidencia y la crítica a la política oficial. Se trata –dicen- de un evidente ataque a los principios democráticos ya que esta llamada Ley de Seguridad Interna que tiene todas las oportunidades de ser aprobada debido a la mayoría que posee el partido gobernante AKP en el parlamento, autoriza al ministro del interior y a los gobernadores a declarar sin ningún trámite de por medio el estado de emergencia. Además, da a las fuerzas policíacas mayor libertad para detener e incomunicar a “sospechosos” y les permite usar armas de fuego contra cualquiera que esté en posesión de cocteles Molotov o artefactos similares.
Todo ello sin ningún mecanismo de control para las fuerzas de orden las cuales desde las protestas del Parque Gezi se han caracterizado por actuar con fuerza excesiva y total impunidad. Tanto el representante del Consejo Europeo para los Derechos Humanos como la de Human Right’s Watch criticaron la propuesta de ley al considerarla un cheque en blanco para que la fuerza pública actúe a su antojo y con total impunidad en su trato con la ciudadanía. La esperanza que albergan quienes se oponen a esta nueva legislación es que la Corte Constitucional la anule en virtud de la inconformidad popular que ha despertado y de las críticas de diversos organismos defensores de derechos humanos. Sin embargo, es un hecho que tras más de diez años en el poder, Erdogan muestra cada día más sus inclinaciones autoritarias y dictatoriales en su afán de borrar los contenidos democráticos y seculares que por décadas parecían formar parte integral de la nación turca.
Fuente: Excélsior, 15 de febrero, 2015.
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