En una votación la noche del 2 de julio, la Knéset aprobó
una ley que exige a las autoridades israelíes retener una parte de las transferencias mensuales de impuestos que Israel recauda en representación de la Autoridad, que gobierna en Cisjorsania y en la Franja de Gaza, conforme a antiguos acuerdos de paz provisionales.
Los líderes palestinos describen los pagos como asistencia social necesaria, mientras muchos palestinos consideran héroes a quienes están detenidos, calificados por ellos como prisioneros políticos, y a los llamados mártires de la causa palestina. Por su parte, muchos israelíes opinan que estos pagos alientan la violencia y premian el terrorismo.
El dinero recaudado cada mes en representación de la Autoridad Palestina suma más de 100 millones de dólares, por impuestos aduaneros y a las ganancias de jornaleros palestinos, a comerciantes que viven en territorio palestino pero hacen negocios en Israel y por derechos de aduana correspondientes a las importaciones palestinas que cruzan puertos israelíes. Estas operaciones representan una parte significativa del presupuesto palestino. Israel ha confiscado este dinero en el pasado por ciertos periodos, ya sea para imponer sanciones o como medida de presión contra los dirigentes palestinos.
La cantidad retenida cada mes será equivalente a una doceava parte del total de desembolsos para estos mártires el año anterior. De acuerdo con la legislación, el gabinete israelí puede tomar la decisión de liberar los fondos congelados y de cuándo hacerlo únicamente después de que el ministro de Defensa de Israel determine que la Autoridad Palestina, bajo el mando del presidente Mahmuod Abbas, suspendió dichos pagos.
La insistencia de la Autoridad Palestina de continuar efectuando los pagos ha exasperado a Israel desde hace mucho tiempo. Esta política, tildada por sus críticos de pagos por asesinato, beneficia a decenas de miles de familias, entre ellas las de atacantes. Se calcula que los pagos ascienden a más de 300 millones de dólares y representan alrededor del siete por ciento del presupuesto anual de la Autoridad Palestina.
“Es definitivo. Cada shekel que Abu Mazen pague a terroristas y asesinos se deducirá automáticamente del presupuesto de la Autoridad Palestina”, escribió en Twitter el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, quien usó el apodo de Abbas. “Una guerra eficaz contra el terrorismo también afecta los bolsillos, tanto de los terroristas y sus familias como de Abu Mazen”.
Los funcionarios palestinos dicen que muchos de los prisioneros y los muertos no han estado involucrados en ningún ataque a los israelíes, y que suspender los pagos causará aún más enojo entre muchos palestinos.
El gabinete palestino denunció la legislación israelí como piratería financiera. En una declaración hecha el martes, la describió como otra clara violación por parte de Israel de los convenios suscritos.
Issa Qaraqe, comisionado de la Autoridad Palestina para asuntos de los prisioneros, declaró en la radio oficial Voz de Palestina: “Lo que no saben es que ningún palestino estará dispuesto a abandonar a nuestros mártires y prisioneros, quienes se han sacrificado por la lucha nacional”. Y añadió: “Es nuestro deber como nación y no dejaremos de cumplirlo. Así que el gobierno seguirá efectuando esos pagos a las familias, aunque estemos en una crisis financiera”.
Fuente: nytimes