Si se convierte en ley, la legislación sería el acontecimiento más significativo en el movimiento de asentamientos desde la retirada de 2005 de Gaza y el norte de Samaria.
El primer paso hacia la anexión del Área C de Cisjordania*, que derribaría casi 40 años de sentencias judiciales sobre los derechos de propiedad privados palestinos, fue aprobado por un voto del Knéset de 58:51 en su primera lectura el miércoles 7 de diciembre por la noche.
Si se convierte en ley, la legislación será el acontecimiento más significativo en el movimiento de asentamiento desde la retirada de 2005, en la que 25 asentamientos en Gaza y el norte de Samaria fueron evacuados. Esta legislación, por el contrario, limita la presencia israelí en el Área C, legalizando casas de colonos construidas sobre propiedad privada palestina y permitiendo una mayor expansión de asentamientos. También sería una de las pocas veces que la Knéset ha legislado una ley que se aplica al Área C. La aplicación de la ley israelí a los territorios en disputa, se entiende típicamente como un signo de anexión.
Es por estas razones que las regulaciones en Judea y Samaria son establecidas por el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios a través de una serie de órdenes militares que no son legisladas por la Knéset. Conocido como el proyecto de ley de acuerdo, o el proyecto de ley de reglamentos, la legislación que se está votando, está diseñada para resolver la cuestión de cuatro mil viviendas ilegales construidas en propiedad privada palestina.
La mayor parte de los hogares, 3 200 de ellos, se encuentran en los asentamientos ya existentes y sus tierras no pueden ser devueltas a los propietarios palestinos. Pero en la práctica, a menos que el Tribunal Superior de Justicia obligue a ello, su gobierno no ha tenido ningún deseo de eliminar estas viviendas, muchas de las cuales se construyeron hace décadas.
El proyecto de ley de acuerdo legalizaría retroactivamente estos hogares, resolviendo así un problema para los residentes judíos de Judea y Samaria. Pero al proporcionar a los propietarios israelíes mayores derechos, la Knéset estaría simultáneamente despojando a los palestinos de sus derechos de propiedad. El proyecto de ley divide los lotes en los que se ubican las cuatro mil viviendas en dos categorías: las que tienen escrituras registradas y las que no. El estado se apoderaría de los lotes sin escrituras registradas, cambiando inmediatamente su estado a tierras estatales.
Los lotes para los que ya existen escrituras registradas o que pueden ser registradas por los propietarios, se transferirán al Custodio de Bienes Abandonados hasta que se encuentre una resolución al conflicto con los palestinos. Hasta entonces, los propietarios podrían recibir una compensación financiera equivalente al 125 por ciento del valor de su propiedad, o un lote alternativo.
Al sancionar la construcción de estas cuatro mil viviendas, la legislación anularía un punto principal del fallo de 1979 de la Corte Suprema de Justicia sobre Elon Moreh, que prohibía la construcción de asentamientos en propiedad privada palestina. Además, prohibió la confiscación de tales bienes por las FDI (Fuerzas de Defensa Israelí) aparentemente con fines militares, cuando en realidad se destina a uso civil. Incluso la más derechista de los expertos legales, la difunta Plia Albeck – conocida como la madre del movimiento de asentamiento – respetó esa decisión. Aunque el fallo de Elon Moreh permanecería en su lugar para la construcción futura, la legislación que sanciona retroactivamente tal edificación, borraría decenas de sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre peticiones presentadas por grupos de izquierda en nombre de terratenientes palestinos con la esperanza de recuperar sus tierras.
También permitiría la posible legalización de 55 puestos de avanzada de la Ribera Occidental, ya sea como nuevos asentamientos o como nuevos barrios de los existentes. Mientras que los hogares en esos puestos fueran legales, los pasos burocráticos adicionales, serían necesarios para determinar el estado de la comunidad.
El proyecto de ley debe pasar otras dos lecturas antes de que pueda convertirse en ley. Debe entonces soportar un desafío inevitable del Tribunal Superior de Justicia. El fiscal general Avichai Mandelblit ya ha dictaminado que la ley es inconstitucional y viola tanto la ley israelí como la internacional. En particular, su vocero ha explicado que Israel tiene la responsabilidad de proteger los derechos de propiedad privada de los palestinos, y que la tierra solo puede ser incautada para el bien público. También han asegurado que dicho proyecto de ley, no cumple con el criterio del bien público.
Se espera que la Corte Suprema anule la legislación, pero que sus defensores argumenten que se basa en un entendimiento de la ley que sostiene que el Área C es territorio ocupado. Ese entendimiento, argumentan los defensores, no refleja la creencia del gobierno de que – técnicamente hablando – las leyes de ocupación no se aplican al Área C de Cisjordania. Bajo un cambio de entendimiento legal de los territorios, la ley sería considerada legal. Argumentan, que el Estado judío tiene un derecho histórico a los territorios que comprenden Judea y Samaria, que también es estratégicamente necesario para la defensa. Cuando la mayoría de los israelíes hablan de una solución de dos Estados, se imaginan abandonar algunas, pero no todas las porciones del Área C de Cisjordania.
Bezalel Smotrich (Bayit Yehudi) dijo a un comité de la Knéset el martes pasado, que se trata de un asunto de la diplomacia y la política, mas no de la ley. Los defensores también dicen que este sistema realmente aborda una injusticia al proporcionar compensación a los palestinos por perder sus propiedades. Además, señalan que el pago de una compensación financiera para hacer frente a una injusticia con respecto a las cuestiones de construcción es un principio bien aceptado del derecho de propiedad.
Fuera del sistema legal israelí, sin embargo, es probable que el movimiento sea inmediatamente condenado por la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional, que ya está examinando la actividad de asentamientos israelíes, considerará que no es así y considerará que la incautación de propiedad privada palestina es ilegal.
Netanyahu comentó que solo ha apoyado a regañadientes la legislación y ha advertido que pondría a Israel en problemas con la CPI. Mientras que Yousef Jabareen (Lista Conjunta) advirtió el miércoles a los miembros de la Knéset que todos los que firmaron la ley se dirigían a la CPI. La Autoridad Palestina ya ha presentado material sobre la legislación a la CPI y se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU, donde espera obtener una resolución de sus quince Estados miembros que condena la actividad de asentamientos israelíes.
Israel se ha preocupado durante mucho tiempo de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apoye una resolución contra Israel en el consejo en las últimas semanas antes de dejar el cargo el 20 de enero. Si bien la administración Obama no ha dado muestras de hacerlo, dada su fuerte oposición a la actividad israelí de asentamientos, se presume que si este proyecto de ley se convierte en ley, podría influir en que cambie de opinión.
*La zona C es el 62 por ciento del territorio de Cisjordania.