La historia reciente de las embestidas del gobierno del presidente Erdogan contra la equidad de género,
seguridad y libertades de las mujeres está marcada por un momento específico que reveló descaradamente hacia dónde se dirige el régimen en esos temas. El 20 de marzo pasado, mediante un decreto presidencial se anunció que Turquía abandonaría la Convención Internacional para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres, convirtiéndose así este país en el primero de los 47 miembros firmantes de dicho organismo en tomar una decisión como ésa.
Fue así como a partir de marzo un importante número de organizaciones defensoras de derechos humanos y los principales partidos políticos de oposición se abocaron a presentar demandas judiciales a fin de evitar que Turquía abandonara la Convención, organismo también conocido, paradójicamente, como la Convención de Estambul, ya que fue originalmente en esa ciudad donde se formalizó su fundación en 2011. Sin embargo, todo fue inútil: el martes pasado el Consejo de Estado Turco, en una votación de tres contra dos, desechó las demandas. Dos días después, anteayer, Turquía oficialmente se desligó de las obligaciones inherentes a la membrecía dentro de la Convención. Un gran golpe a los derechos de las mujeres, los niños y la comunidad LGBT en el país, y un gran estímulo al abuso y la violencia contra esos sectores de la población.
La creciente islamización de la vida pública en Turquía impulsada por el régimen de Erdogan desde hace años, ha sido sin duda uno de los factores de más peso para afectar negativamente el status de las mujeres. Mal que bien en la Turquía anterior a Erdogan se habían registrado avances en las oportunidades de desarrollo e independencia personal de las mujeres. Pero la oleada conservadora ha borrado mucho de eso, de tal suerte que la violencia y discriminación contra ellas va en preocupante aumento. De acuerdo con la plataforma “Pararemos los feminicidios”, 409 mujeres fueron asesinadas en 2020, mientras que en lo que va de este año se cuentan cuando menos 189. Por su parte, Amnistía Internacional considera que el abandono de Turquía de la Convención es un gigantesco retroceso en un tiempo en que los feminicidios son tan abundantes.
¿Cómo justifican Erdogan y sus acólitos el abandono de la Convención? Su argumento es congruente con la naturaleza reaccionaria y represiva del
régimen. Se trata, según ellos, de que la Convención “ha sido secuestrada por un grupo de personas que intentan normalizar la homosexualidad, la cual es incompatible con los valores familiares y sociales”. La intolerancia y el rechazo hacia la comunidad LGBT por parte de las autoridades se mostraron abiertamente hace pocos días cuando a contracorriente de la prohibición gubernamental de realizar desfiles de orgullo gay que se impuso desde hace siete años, en varias localidades se intentó marchar, con la consecuente represión policiaca a participantes y periodistas que cubrían los eventos.
Una mirada más objetiva sobre el abandono de Turquía de la Convención apunta a que no sólo ha sido producto del machismo acendrado del propio presidente y de buena parte de la población masculina convencida además de que en el Islam que se profesa son legítimos el sometimiento de las mujeres y la violencia contra ellas, sino también una cuestión de índole electoral. Por motivos económicos y geopolíticos Erdogan y su partido han perdido popularidad entre la población conservadora, así que al esgrimir la necesidad de restablecer con firmeza el modelo del patriarcado autoritario, esperan recuperar terreno de cara a las elecciones que se celebrarán en 2023.
Es evidente que el camino por el que transita Turquía la aleja cada vez más de las democracias occidentales. Si en algún tiempo pareció que Turquía pasaría tarde o temprano a integrarse a la Unión Europea, las probabilidades de que hoy eso suceda son ya nulas. Desde el otro lado del mundo, Estados Unidos también se ha sumado abiertamente a la condena de muchas de las prácticas del gobierno de Erdogan. Recientemente puso a Turquía en la lista de países implicados en el reclutamiento de niños para la guerra, siendo ésta la primera vez que un país miembro de la OTAN es señalado por esa práctica. Lo que se ha revelado es que Turquía, en sus intervenciones en Siria y Libia, ha estado apoyando a milicias que comprobadamente trafican con niños con el propósito de convertirlos en combatientes. El récord de Turquía en cuanto a derechos humanos continúa así deteriorándose a pasos agigantados.
Esther Shabot
Especialista en asuntos de Oriente Medio
Excélsior, 3 de julio, 2021.