Después de haber expuesto en la dos partes anteriores el análisis histórico-económico que realiza Thomas Piketty sobre la necesidad de aplicar medidas económicas para tender hacia la creación de un Estado social moderno, basado en las experiencias fiscales y estatales de los “Treinta años gloriosos” (1950-1980), posteriores a las dos guerras mundiales, conviene ver qué instrumentos propone para este objetivo.
Piketty basa su estudio en una fórmula que él mismo denomina “la regla de oro”: r>g; es decir, el rendimiento del capital del 4 por ciento o 5 por ciento acumulado en una institución financiera por múltiples años generalmente será mayor al crecimiento del ingreso y de la producción económica de un país por un año, que oscila entre 1 por ciento o 1.5 por ciento. Para que esta fórmula rinda sus frutos, el capital al que se refiere debe sobrepasar el umbral de 10 millones de euros, con objeto de que se reproduzca en intereses por sí solo y sus propietarios vivan como reyes, sin necesidad de trabajar. Por consiguiente, capitales de un millón o dos millones de euros no son del suficiente alcance para disfrutar de este fenómeno.
Estas cifras no fueron sacadas arbitrariamente, sino fueron producto de un estudio concienzudo de cómo se han comportado el rendimiento de los capitales y el crecimiento económico de distintos países (sobre todo europeos, Estados Unidos y otras economías de corte capitalista) durante el período de tres siglos. Según Piketty, para que el rendimiento de los grandes capitales sea menor que el crecimiento económico y el ingreso de los países, se necesitaría que sus economías crecieran a un 4 por ciento o 5 por ciento, lo que no se ha dado históricamente, sino únicamente en el periodo de 1950 a 1980 durante la posguerra, ya que las naciones de Occidente intervinieron en sus economías para incentivarlas e impulsarlas de la debacle económica que implicaron las dos guerras mundiales.
Estos treinta años se caracterizaron por una fuerte inversión estatal en sectores estratégicos para impulsar el crecimiento económico y en una regulación drástica de los ingresos nacionales para invertirlos en bienes sociales, tales como: salud, educación, vivienda, derecho de jubilación y desempleo, además de una infraestructura material para mejorar las condiciones de vida de las mayorías ciudadanas. Incluso Piketty demuestra que Estados Unidos, defensor del capitalismo, gravó al capital de las fortunas más prestigiadas de un 70 por ciento a un 90 por ciento para comprimir la distancia de la desigualdad que había entre las minorías que concentraban la riqueza y las mayorías desposeídas.
Innovaciones de esa época fueron los impuestos sobre los ingresos o de la renta y sobre la herencia o sucesiones. El primero buscaba gravar proporcionalmente los altos ingresos de los grandes ejecutivos que se perfilaban como directores especializados de las más afamadas empresas y, en menor grado, los salarios de las clases medias y populares. El propósito del segundo era gravar a las herencias y donaciones para evitar la concentración de la riqueza y fortalecer económicamente al Estado.
El modelo del Estado de bienestar social se anquilosó para 1980 debido a que los gastos públicos y sociales provocaron un déficit, simultáneo a una inflación escalonada que no devino en mayor crecimiento económico, sino en el fenómeno de estanflación o de estancamiento económico. Esto trajo como consecuencia que para 1985-90 despuntara el neoliberalismo bajo la consigna de la reducción de facultades estatales en el desenvolvimiento económico-social a cambio de la libertad de acción de las fuerzas del mercado, que impulsarían la producción y el espíritu de empresa de la iniciativa privada, para que en un supuesto proceso natural se estabilizara y equilibrara el desarrollo social. A casi treinta años de aplicación de esta propuesta económica y de la formación de mercados regionales globalizados, como la eurozona, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la Alianza del Pacífico, el bloque del Sudeste Asiático, es posible ver la concentración de la riqueza en una minoría ―como en la Bella Época (1880-1914)― mientras que las mayorías se han pauperizado, agudizándose aún más la desigualdad social interna de los países y entre las naciones desarrolladas de Occidente y las economías emergentes en vías de desarrollo, que no pueden alcanzar el nivel de las potencias mundiales. Según Piketty, todo ello, en lugar de fortalecer las democracias mundiales no solo las occidentales las han debilitado, llegándose a estados de violencia permanentes en diversas partes del mundo.
De aquí que basado en la última crisis económica mundial de 2008, que afectó a la Eurozona, especialmente a las economías de España, Irlanda, Grecia, Chipre e Islandia, Piketty haya hecho un estudio que propone amortiguar la desigualdad social, que si bien no rompe con el capitalismo, sí tiende a implementar políticas sociales mediante impuestos proporcionales al capital, a las herencias y sucesiones, aparte de los ya establecidos como los prediales, los de la renta, entre otros, para que estos se inviertan en bienes sociales y mejoren las condiciones de la sociedad y de las naciones, especialmente de las que participan del mercado común europeo. Además para la Eurozona propone que las deudas de los países menos desarrollados y más pobres se mancomunen en toda la región para no someter a los débiles a los recortes económicos que la Troika les impone, a fin de que el bloque se fortalezca y que países como Grecia o Chipre puedan participar y competir proporcionalmente con toda la región y no se reproduzcan las crisis que han sufrido subsecuentemente.
En concreto, Piketty propone un impuesto proporcional de 0.1 por ciento o 0.5 por ciento anual a los capitales (individuales y de empresas) acumulados en instituciones financieras de menos de entre un millón de euros, de 1 por ciento para fortunas de uno a cinco millones de euros, de 2 a 5 por ciento para aquellas de entre cinco y diez millones de euros hasta llegar al 10 por ciento para riquezas de cientos o miles de millones de euros. Este impuesto progresivo y proporcional sobre el capital exige un “muy alto grado de cooperación [y de transparencia] internacional y de integración política regional” no solo de los Estado-nación, sino de los bloques de economía globalizada y de instituciones financieras con los paraísos fiscales subsidiarios, para que abran las cuentas de sus cuentahabientes al público con objeto de ser gravados, a fin de que el dinero recibido por las diversas instituciones acreditadas de cada región, sea invertido en la utilidad común de un país débil económicamente o en el bienestar social de las mayorías desposeídas. Así, según él, se reduciría la distancia de la desigualdad económica y social interna de los países y de las naciones lo que llevaría a un mundo de mayor justicia social que permita fortalecer las democracias de corte occidental.
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