//Diana Kuba
Desde hace mes y medio fuimos testigos de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal para Maestros de Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guerrero, hoy día encontrados en el basurero de Cocula calcinados, como lo había declarado ante la Procuraduría el padre Solalinde. Este hecho conmovió a los organismos internacionales de Derechos Humanos al punto de exigir al gobierno mexicano una búsqueda exhaustiva de estos jóvenes y provocó una de las mayores manifestaciones pacíficas de corte estudiantil para encontrarlos con vida y esclarecer lo que pasó.Resulta paradójico que el Estado mexicano haya tenido que reaccionar con tanto vigor para movilizar a los organismos de administración de justicia al ser instado por fuerzas externas que incidieron en su tan defendida soberanía a fin de encontrar el paradero de estas víctimas del abuso del poder arbitrario, cuando ante el mundo intenta dar una imagen de defensor de los Derechos Humanos, al aspirar tener una representación reconocida en los respectivos organismos internacionales. De algún modo, Ayotzinapa es un ejemplo entre tantos, del grado de descomposición política y social que ha vivido el país durante las últimas décadas, derivada en parte, de las prácticas de arbitrariedad desenfrenada, la falta de transparencia, rendición de cuentas y de la impunidad acumuladas.
Se sabe que Guerrero ha sido por siglos una región que en su mayoría carece de los derechos humanos básicos y que ha sufrido constantes vejaciones sociales, por lo que no es casual que se caracterice por una población aguerrida, que generalmente ha sido reprimida. Ejemplo de ello, fue el asesinato jamás dilucidado del general insurgente Vicente Guerrero, representante de lo que entre 1827 y 1830 se denominó “el partido popular de la logia yorkina”, peyorativamente conocido como los “demagogos”. Guerrero de ascendencia mulata, ocupó la presidencia del país en 1829, tras una revuelta popular inconforme del resultado legítimo de las elecciones en favor de su opositor Manuel Gómez Pedraza, de origen criollo. Sin embargo, después de un año de gobierno se vio precisado a renunciar y fue declarado por el Congreso, imposibilitado para gobernar. De ahí se refugió en la tierra caliente del Sur de donde era oriundo para incitar según Lucas Alamán, a una “guerra desastrosa, extraviado por malos consejos”, que terminó con su muerte. Posteriormente, recibió el honor póstumo de que esa región fuera recordada con su nombre como un estado de la federación.
La Revolución de Ayutla dirigida en 1855 por el general Juan Álvarez, que derrocó la dictadura del general Antonio de Santa Anna y lo obligó a exiliarse del país, también se originó en Guerrero y fue el paso para que el partido liberal ingresara al poder y preparara el camino para la redacción de la Constitución de 1857. Finalmente, después de la represión del movimiento estudiantil de 1968, los inconformes perseguidos como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez huyeron a ese estado declarando al gobierno de Luis Echeverría y José López Portillo la guerra de guerrillas que fue pacificada a través de la bota militar auspiciada por el autoritarismo de la época. De finales de los noventa de siglo XX en adelante, era común escuchar acerca de la resistencia del Ejército Popular Revolucionario contra las políticas neoliberales de los últimos gobiernos y en búsqueda de una mayor justicia social.
De aquí que Guerrero sea una sociedad acostumbrada consuetudinariamente a una represión brutal por parte de las autoridades federales, estatales y municipales sean del partido político que sean, así como, del crimen organizado que ha hallado tierra fértil para incubarse allí. Muestra de ello, han sido las doce fosas comunes que se encontraron durante la búsqueda de los supuestos desaparecidos, cuyos cuerpos todavía son una interrogante a quién pertenecían y porqué terminaron de esa manera.
Lo más triste de la tragedia de Ayotzinapa es que es solo una muestra de botón de las atrocidades que se están viviendo en muchas regiones del país, tales como las matanzas indiscriminadas que se han dado en Michoacán por el crimen organizado, que ante el vacío de autoridad estatal y federal, llevó a la organización de las comunidades de autodefensa nuevamente reabsorbidas por el gobierno, las fosas comunes de migrantes centroamericanos encontradas en Tamaulipas, las vejaciones y represiones a las que han estado sujetos periodistas que investigan la relación de las autoridades estatales con las redes de prostitución o el crimen organizado, el caso Tlatlaya del Estado de México que pone al ejército en entredicho y que fue obnubilado tras la masacre de los normalistas, entre otros muchos más de los que probablemente alcanzáramos a contar.
Todos estos acontecimientos son ejemplos de una arbitrariedad e impunidad acumuladas durante más de cuatro o cinco décadas que han llevado a una fuerte descomposición del tejido político y social del país, el cual simultáneamente, desde 1968 ha vivido un proceso con altas y bajas de democratización de la sociedad civil. Desafortunadamente las élites gobernantes de todos los niveles y partidos no han reaccionado a la par al fenómeno paulatino de apertura, reclamo e inconformidad de las agrupaciones civiles hacia las obligaciones y responsabilidades de sus actos. Estas creen que pueden continuar con las mismas prácticas del pasado autoritario que antes eran silenciadas y veladas. Aún no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que hay visos de cambio en la heterogénea sociedad mexicana, la cual busca bajo diferentes formas incendiarias, pacíficas y participativas ser escuchada, atendida y beneficiada en sus derechos humanos y civiles, para lo cual, les delegó el poder.
