//Diana Kuba

De un año y medio para acá, los mexicanos hemos experimentado un proceso controvertido e insidioso para sacar constitucional y legalmente las reformas estructurales de Estado, que presuntamente debían haberse incorporado desde el año 2000, pero que por intereses de poderes fácticos y particulares que compiten en la sociedad a fin de frenar las necesidades del bien común y la utilidad pública —principios que debieran prevalecer en el arte de gobernar un país— no podían aplicarse para encontrar nuevas vías de desarrollo. Las reformas ya están, lo que es un hito; sin embargo, convendría reflexionar cómo fueron procesadas, y dependiendo de ello, cómo operarán, para no caer en actitudes triunfalistas que al paso de los años se convertirán en sentimientos desazonadores porque no trajeron los parabienes que se esperaban.

En el siglo XIX, al concretarse la Independencia mexicana, la élite gobernante rebozaba de optimismo, porque ya libre, el país con una buena “Constitución” tendría la capacidad de convertirse en una potencia a escala internacional. La realidad fue que no era fácil redactar la “Constitución” adecuada para aquel fin, puesto que había diversas ideas confrontadas y distintos poderes sociales que impedían el consenso político, por lo que las facciones políticas entraron en una lucha civil hasta que después de 50 años lograron —no sin rechazos—expedir la Constitución de 1857, que tras la Revolución Mexicana fue complementada con los artículos que le dieron la capacidad al entonces Estado mexicano de ser el rector y regulador de los bienes de la nación, para promover el desarrollo del país. Lo que en su momento, también fue un hito histórico.

A través de estas experiencias históricas y la necesidad del siglo XXI de reformar la Constitución de 1917, para adecuarla a las exigencias globales del desarrollo económico y social contemporáneo, habría que preguntarse ¿qué fue lo que impidió que las constituciones antedichas no cumplieran con las expectativas que se esperaban? para ver si las actuales reformas podrán ser tan beneficiosas como las pintan quienes las han logrado.

Entre los factores que frenaron los buenos resultados que se esperaban de esas constituciones, estaba la forma ambigua y poco clara de redactarlas, para satisfacer a los distintos intereses políticos y económicos que prevalecían en cada época, a fin de que tuvieran aún preponderancia para influir en la sociedad, pese a que se suponía que serían mermados. Así, era muy común que en el código fundamental hubiera un artículo de fondo que supuestamente iba a traer el “cambio” anhelado en la sociedad, pero que después se mediatizara por un decreto u otra ley secundaria, que de alguna manera impedía su operatividad y ejecución, por lo que los fines que se querían alcanzar no se realizaban y los intereses que se querían debilitar, quedaban protegidos.

Otro elemento a analizar era la rapidez con la que se promulgaban las leyes álgidas que prometían un nuevo horizonte para el futuro; leyes que no estaban apoyadas en estudios concienzudos sobre las ventajas y desventajas que podrían traer en todas las áreas de la sociedad mexicana, sino que eran producto de las ideas de moda de cada época, que habían resultado en otros países con distintas circunstancias, pero que pese a la confrontación de los grupos que se oponían, se expedían intransigentemente, provocando en algunos casos ciertos cambios exitosos, aunque acompañados de graves desajustes, que frenaban el desarrollo integral de la sociedad.

Otro punto para reflexionar, era cuando se trataba de aplicar y ejecutar la ley en la vida cotidiana de la sociedad, donde los distintos sectores y grupos sociales que se sentían afectados, veían la forma de cómo evadirla, y por lo tanto, caían en prácticas abusivas como la corrupción y la ilegalidad, para evitar el cambio que dañaba sus intereses, de donde resultaba que lo prometido por venir, no llegaba y que solo una élite se beneficiaba con la ley escrita, sin que se prepararan los medios para que regara su utilidad a las mayorías de la sociedad.

Sin entrar en muchos detalles, durante este año y medio, gracias al Pacto por México, vivenciamos la aprobación de las reformas de Estado en la Constitución. Este año fuimos testigos de la redacción de las leyes secundarias, donde observamos la lucha de distintos intereses representados en ambas cámaras legislativas para mediatizar en lo que se pudiera las leyes constitucionales que los podrían afectar, llámense las distintas fuerzas de los sindicatos estatales o de los sectores económicos hegemónicos que compiten entre sí por tener una mayor influencia en el campo social, por lo que la redacción de algunos artículos resultó ambiciosa, para darles capacidad de incidencia según se presente el “caso” en el futuro.

También observamos las mutaciones de nombres de los organismos reguladores en los ámbitos electoral y de telecomunicaciones con la presunción que legislativamente se les daría una mayor autonomía del dominio estatal, donde sí se dio cierta independencia, pero también se les pusieron cotos en algunas áreas que el gobierno desea controlar. Finalmente cabría cuestionarse si los legisladores en una actitud responsable de la sociedad que representan, se basaron en estudios profundos sobre las ventajas y debilidades que podrían resultar de las leyes que estaban pugnando por aprobar en la circunstancia mexicana, que carece en algunos ámbitos de los medios y la infraestructura para hacerlas operativas y efectivas.

Las reformas de Estado, son necesarias y no se demerita el esfuerzo por haberlas promulgado, pero hay que percatarse que no solo por decreto se logran los cambios de un país, sino que se tienen que dar las transformaciones necesarias en las estructuras políticas, económicas, administrativas y sociales para hacerlos efectivos, a fin de que rindan los beneficios y utilidades a la mayoría de la sociedad, y no solo favorezcan a unos cuantos, como históricamente ha sucedido en experiencias pasadas. Por ende, conviene ser cauteloso y observar los efectos que estas produzcan en los próximos años.