El senado de Polonia aprobó la polémica ley que tipifica como delito penal el uso de la expresión ‘campos de concentración polacos’ para referirse a centros de exterminio nazis como Auschwitz, que estaban situados en el territorio del país centroeuropeo. La ley, aprobada con 57 votos a favor y 23 en contra, contempla multas y penas de hasta tres años de cárcel para aquellos que se refieran a los campos de concentración nazis como campos polacos, una imprecisión a menudo cometida por periodistas e historiadores extranjeros. El texto afirma que las penas serán aplicables “independientemente de las leyes vigentes en el lugar donde se cometa el acto”. El proyecto debe ser ahora firmado por el presidente Andrzej Duda, que ha anunciado que someterá el texto a un minucioso estudio, y superar las dificultades diplomáticas que han surgido con el gobierno de Israel.
La administración polaca lleva décadas amonestando a todo aquel que se refiere a los campos nazis en territorio de la actual Polonia como campos polacos, pero el actual partido en el gobierno, el PiS, consideraba necesario dar un paso más y adquirir la base legal necesaria para perseguir a quienes sugieran, incluso involuntariamente una responsabilidad de Polonia en los crímenes del nacionalsocialismo. Los críticos de la ley temen que esta se utilice para limitar la libertad de expresión y organizaciones judías polacas consideran que incluso puede conducir a una falsificación de la historia.
El presidente Duda se ha visto esta semana obligado a reconocer que “no hubo una participación institucionalizada de Polonia o su pueblo en el Holocausto”, aunque “sí hubo casos de polacos que cometieron actos malvados” contra sus vecinos judíos, después de airadas protestas del gobierno de Israel por la nueva ley que estaba ya en capilla. Duda también aseguró que nunca permitirá que Polonia ni los polacos sean vilipendiados con falsas acusaciones y defendió la conveniencia de analizar el asunto con calma y explicarlo a la opinión pública, aunque afirmó que la norma no debería retirarse ya que Polonia tiene el derecho de defender la verdad histórica sobre el Holocausto.
Entre 1941 y 1945, los nazis crearon seis campos de exterminio en territorio anteriormente polaco: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau (parte del complejo de Auschwitz) y Majdanek. Una abrumadora mayoría de las víctimas de los campos de exterminio y trabajos forzados eran judíos y se calcula que 3.5 millones de ellos fueron asesinados en esos centros como parte de la Solución Final ideada en Alemania. Entre las víctimas también hubo homosexuales, romaníes (gitanos) y prisioneros de guerra. “Los propios polacos fueron víctimas de esos campos y no se puede hablar en ningún caso de responsabilidad de Polonia en esos crímenes”, ha defendido el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, apuntando con dedo acusador a los vecinos alemanes y justificando el celo aclaratorio de la administración polaca en esta cuestión.
Las reacciones por parte de Israel no se hicieron esperar. El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha criticado duramente la nueva ley, alegando que es inapropiada. “La rechazo totalmente”, afirmó con motivo de la celebración del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, cuya cercanía en el tiempo a la aprobación por parte del senado polaco del proyecto encuentra especialmente desafortunada y desagradable. Netanyahu ha advertido además que no se puede modificar la historia y el Holocausto no se puede negar. También el responsable del memorial israelí del Holocausto, Yad Vashem, se ha quejado contra la ley, que en su opinión puede llevar al encubrimiento de la verdad histórica, que es que los alemanes recibieron apoyo de la población polaca durante el Holocausto.
Chelmno y Auschwitz se establecieron en áreas anexadas a Alemania en 1939. Los demás campos (Belzec, Sobibor, Treblinka y Majdanek) se establecieron en el General Gouvernement (Gobierno General) de Polonia, un detalle administrativo que para los israelíes justifica la participación en la culpa. Mateusz Szpytma, vicepresidente del Instituto para la Memoria Histórica de Polonia, una institución que estudia los crímenes contra polacos cometidos por nazis y soviéticos, ha tratado de mediar recordando que nadie tiene dudas sobre quiénes fueron los inspiradores de los campos de concentración, muchos de los cuales se ubicaron en Polonia por simples circunstancias geográficas y subrayando que esas regiones eran territorio sometido, que no gozaba por tanto de la soberanía apropiada.
Como ejemplo, en países como Alemania se ha hecho un ejercicio muy profundo de investigación y de memoria histórica y se ha considerado el respeto a las víctimas por encima de cualquier salvaguarda del honor nacional.