//Enrique Presburger
En México, los acreedores nos vemos enfrentados a una disyuntiva poco comprendida del negocio financiero, y que tiene que ver con la verdadera exposición de riesgo que tienen las entidades que prestan dinero en México. La realidad es que México es un país con poco Estado de Derecho, poca efectividad en tribunales, y alta corrupción en procesos de resolución de controversias.Estos son algunos comentarios que vale la pena puntualizar al respecto:
Un aval, no es aval: en México, hacer valer un pagaré te puede tomar varios años; y los embargos de propiedades de un verdadero obligado solidario que sí tenga activos, pueden retrasarse con emplazamientos fallidos, amparos, retrasos de juicios y manejos fraudulentos de la propiedad entre otras cosas. No es un proceso expedito, y no hay seguridad jurídica de la recuperación.
Respuesta: esta situación es la que crea un entorno donde muchas veces se exigen hipotecas y garantías reales. Es la única forma en la que se puede asegurar una fuente de recuperación del dinero invertido. Cabe mencionar, que estos procesos tampoco están exentos de retrasos y trabas.
Reestructuras igualan pérdida: cuando una institución financiera reestructura plazos, montos, o amortizaciones; significa que ha asumido pérdidas, condonado intereses, y por lo tanto, renunciado a utilidades. Más aún, a veces las quitas significan asumir pérdidas de dinero, donde además se trata de dinero ajeno, que la institución financiera sí tiene que reponer.
Respuesta: las instituciones financieras suelen cobrar altas tasas de interés tomando en cuenta justamente que hay prácticas comunes de reestructuras, quitas, e impagos. La cultura de “no pago” y de “exigencia de reestructuras” continuas a las instituciones financieras, ocasionan que el riesgo del mercado mexicano sea percibido como alto, lo que se traduce en mayores costos para todos.
La autoridad castiga, no incentiva: en México, las autoridades financieras centran sus reformas en mayores multas, castigos, solicitudes de reportes, auditorías y supervisión creciente. Esto se traduce en costos crecientes y constantes para las SOFOMES, que no reciben por otros lados incentivos de inversiones, apoyos, y políticas públicas que otorguen facilidades para operar o recibir fondeo competitivo.
Respuesta: las entidades financieras se ven obligadas a aumentar costos y personal continuamente para generar reportes y estar en cumplimiento con la autoridad. Esto muchas veces representa tener que cerrarse a mercados consolidados, pues los altos costos operativos evitan que sea rentable explorar nuevos nichos de mercado.
Vale la pena por lo tanto, entender que el entorno crediticio mexicano no es adecuado por el alto riesgo que asumen los acreedores, situación que es comúnmente ignorada en lo general. Es importante entender que un intermediario financiero estable y con menor riesgo, puede ser más barato e incluyente. La crítica a un entorno financiero de altos costos, empieza por la falta de seguridad jurídica para quien invierte en el desarrollo de otros.
Esperemos que esta reflexión haga eco rumbo a las elecciones presidenciales de este año.
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