Este documento se conforma por 139 artículos y 11 disposiciones transitorias, además de reformas a diversas leyes del sistema financiero mexicano. El anteproyecto se concentra principalmente en tres áreas: Pagos Electrónicos, Financiamiento Colectivo y Activos Virtuales (referidos a valores fuera del sistema monetario nacional, tales como el Bitcoin).
Se desarrollan en la Ley Fintech los siguientes temas principalmente:
Serán reconocidos dos tipos de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF):
Sistemas de pago electrónicos: son aquellas plataformas que realizan la transferencia del dinero entre compradores y vendedores en una acción de compra-venta electrónica a través de una entidad financiera autorizada por ambos.
Cowdfunding: serán reconocidas las instituciones de financiamiento colectivo (crowdfunding por su nombre en inglés), que darán acceso a fuentes de financiamiento a mercados poco atendidos por el ecosistema financiero, generando así una mayor Inclusión Financiera con costos razonables.
Definirá las características de los activos virtuales:
Se regularán las condiciones y restricciones de las operaciones con activos virtuales y su custodia; concretamente fondos de inversión y entidades que hagan transacciones con dinero virtual como Bitcoins, Ethereum y Litecoins.
Incluye un apartado denominado “modelos novedosos”:
Dicho apartado dará espacio para empresas más nuevas que no entren ni en el modelo de monedas virtuales, ni en el crowdfunding. Se da un periodo de gracia de hasta dos años para el surgimiento controlado y regulado de nuevos modelos de negocio orientados a innovar dentro del sector financiero, limbo conocido como el “regulatory sandbox”.
Permitiría a varias instituciones financieras invertir en las ITF:
Se permitirá que instituciones financieras formales, como Bancos y SOFOMES, puedan invertir en monedas virtuales o ITF siempre y cuando estén en regla con las leyes de Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Se pondrán inversiones y cuotas de capital mínimo a nuevas ITF:
La idea de poner multas y capitales mínimos, tiene que ver con asegurar que el usuario tenga una experiencia con empresas de una solidez mínima; que cuando menos tengan una inversión perceptible y no puedan desaparecer de la noche a la mañana.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en nuestro país operan alrededor de 230 organizaciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías financieras, quienes han otorgado más de 1 000 millones de pesos en créditos y cuentan con más de 540 mil usuarios activos. Esperemos ahora que esta ley impulse el surgimiento de nuevos modelos de negocio, y no caigamos en la sobrerregulación en un medio que poco se entiende todavía.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
