Inicios de la primeras República Federal (Quinta y última parte)

//Diana Kuba

En el capítulo anterior, nos quedamos en que la Administración de Jalapa de 1829 a 1832, cayó debido al éxito de la revolución de Antonio López de Santa Anna en unión con los estados federales, quienes, en los Convenios de Zavaleta, pidieron la dimisión del vicepresidente Anastasio Bustamante y su gabinete, y el regreso de Manuel Gómez Pedraza, presidente electo en 1828, para terminar con su supuesta gestión, que nunca gobernó. Este regresó en enero de 1833 para gobernar por tres meses y preparar la convocatoria a elecciones para el periodo 1833 a 1837. En esta elección se dio una alianza entre el general Antonio López de Santa Anna como presidente y Valentín Gómez Farías, representante del federalismo, como vicepresidente, quienes resultaron electos.

Santa Anna dejó a Gómez Farías a cargo del Ejecutivo, quien tenía fama de ser un anticlerical intransigente. Con él inició la aplicación de las reformas anticlericales de 1833, que en la segunda mitad del siglo XIX, serán conocidas como las Leyes de Reforma. Algunos Estados dependiendo la postura de su gobernador, ya las habían empezado a ensayar desde 1828, como el de México, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Durango y Yucatán. Por eso, considero que el federalismo contenía una semilla revolucionaria en su interior, ya que los estados basados en sus autonomías regionales, aplicaban algunas reformas anticlericales que servían de ejemplo para el gobierno federal, a fin de que después las extendiera a toda la nación.

Las reformas llevadas a cabo por los ‘hombres del progreso’ como se denominaron los anticlericales, en contraposición de los ‘hombres del orden o de bien’ a quienes sus opositores políticos calificaron de ‘hombres del retroceso o retrógrados’, intentaron secularizar la educación para que esta recayera en manos de la autoridad civil a fin de debilitar la fuerza del clero en este ramo; incautar los bienes de manos muertas de la Iglesia para repartirlos entre pequeños y medianos propietarios y pagar la deuda pública interna; abolir los fueros del clero y el ejército para debilitar el espíritu corporativo de ambos y lograr la igualdad ante la ley en la administración de justicia; suprimir el pago del diezmo para alivianar la carga a todos los habitantes del país; quitarle al clero la facultad de registrar los ciclos vitales de la población, para que el Estado abriera registros civiles a fin de controlar los nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones de sus ciudadanos; suprimir los monasterios de las órdenes religiosas y deslindar al Estado de la coacción para el cumplimiento de sus votos monásticos so pretexto de orientar a los monjes y monjas a una vida más utilitaria. Toda esta sistematización de leyes, sintetizada por José María Luis Mora, estaba orientada a debilitar a la Iglesia en los ámbitos educativo, económico, político y social para que el poder civil se convirtiera en la autoridad suprema del Estado-nación.

Entre las medidas que más afectaron fue la clausura de la Universidad Pontificia, dominada por gente del clero por tres siglos del gobierno virreinal y su sustitución por el Instituto de Educación Superior. Además, se fundó la Dirección de Instrucción Pública. Con respecto al Patronato Real o Patronato previo concordato -visto en el capítulo anterior- había dos posturas, los que decían que había que dejar que el clero mexicano arreglara sus asuntos directamente con la Curia Romana, aunque esta no había reconocido la Independencia y los que consideraban que el gobierno debía tomarse esta prebenda, que fue la que ganó. Esta postura quería convertir al clero en un burócrata del Estado. La primera postura significaba separar al poder civil del religioso y lograr lo que se conoce como la secularización del Estado, es decir, un Estado fuera de la influencia de la Iglesia.

La aplicación tan radical y violenta de las reformas anticlericales hechas por el Ejecutivo a cargo de Gómez Farías y el Congreso, ante los embates y presión de la prensa -dominada por gente anticlerical-, trajo el descontento de la sociedad, de la Iglesia, del ejército e incluso de algunos anticlericales moderados, que se preocuparon por la intransigencia del vicepresidente, que en cuestión de un año quería reformar a la sociedad a todo trance. Todos estos sentían que estas reformas agredían a la religión católica, aunque solo intentaban debilitar a la institución eclesiástica y nunca se metieron contra el dogma católico. Para contrarrestar a la oposición, Gómez Farías decretó la Ley del Caso, que consistía en desterrar a las personas que estuvieran en el mismo ‘caso’, sin especificar cuál era el caso, aunque se sabía que era el oponerse a las reformas.
Entre las reformas más difíciles de llevar a cabo estaba la supresión de los fueros del clero y el ejército, para establecer la igualdad civil. Se trataba de abolir los tribunales eclesiásticos y militares, para que sus miembros fueran juzgados por tribunales civiles. Además, se intentaba que los eclesiásticos se vieran obligados a pagar impuestos al igual que toda la población. El ejército regular se reduciría y se sustituiría por las milicias cívicas. El problema no era el clero, porque no tenía los medios para defenderse, sino el ejército que sí tenía las armas, y no quería perder su situación privilegiada en la sociedad.

Al momento que el Congreso expidió esa ley, el presidente Santa Anna regresó de su estancia de Manga del Clavo, sacó al vicepresidente Gómez Farías, ocupó la presidencia el 27 de octubre de 1834 y envió una carta al Congreso para que suspendieran las propuestas de reducción del ejército. Los diputados y senadores no lo obedecieron y expidieron la ley de reducción del ejército y más leyes contra el clero. Como se estaba acabando el tiempo de sesiones del Congreso y este pidió tiempo extraordinario para seguir sesionando, Santa Anna les cerró las puertas del Congreso y no les permitió entrar.

De esta forma, se valió de la legalidad para deshacerse de él y derogar todas las leyes anticlericales, menos la del cobro del diezmo que era una medida que había alcanzado popularidad en la gente. Para el 1 de enero de 1835 se convocó a elecciones para un nuevo Congreso, y como se había convertido en el salvador de la Iglesia le sacó un buen préstamo para aliviar los apuros de la Hacienda Pública.

Durante 1835 se prepararán las bases para la transición a la República Central, ya que esta tendencia empezó a cobrar auge, ante los excesos que se experimentaron en la federal, que efectivamente fue muy turbulenta, pero con ella se fue delineando el futuro programa ‘liberal’, que se consolidó en la segunda mitad del siglo XIX, siendo el que nos rige hasta hoy en día.

Inicios de la primeras República Federal (Cuarta parte de cinco)

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Dificultades en los inicios de la vida Independiente Mexicana (tercera parte)

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