La República Central. Primera parte

//Diana Kuba

De 1836 a 1847, según Edmundo O’Gorman es una época en que hubo un intento de transacción entre las dos alternativas de ser de México como país independiente: la República y la Monarquía. Según O’Gorman se trató de una monarquía disfrazada con máscara republicana, a través del centralismo. De alguna manera, los políticos de la época se percataron que el federalismo corría el riesgo de desmembrar y fragmentar al país, y que era necesario un ejecutivo fuerte central, que se sobrepusiera a todos los sectores sociales y que subordinara a las tendencias autonomistas de los estados con tal de lograr la unidad nacional.

El periodo de la llamada República Central se puede dividir en dos partes. La primera de 1836 a 1842, y la segunda de 1842 a 1847. Lo que divide a ambos periodos es una revolución fallida de corte federalista, que tuvo lugar en el año de 1842. En ningún momento durante este tiempo se consideró necesario establecer la Monarquía, porque se pensaba que la República Central con un ejecutivo fuerte y con un organismo representativo que se encargara de gobernar y administrar eficientemente a todo el territorio nacional del país, eran suficientes, para lograr el adelanto económico, industrial, agrícola, comercial y cultural del país, es decir, el ‘progreso’ en sentido amplio, para poder llegar al nivel de las naciones más ‘modernas’ de la época.

La diferencia con los federalistas, que se analizaron en los artículos anteriores, es que se deseaba que el poder legislativo fuera débil, y las autonomías regionales se subordinaran al poder central, a fin de que no entorpecieran los proyectos políticos para conseguir las añoradas estabilidad, gobernabilidad y el desarrollo económico del país. No obstante, esto no era fácil, y constantemente durante esta época hubo varios levantamientos federalistas infructuosos, que impedían que estas aspiraciones se realizaran.

Asimismo, los centralistas que se autonombraban ‘hombres de bien o del orden’, se distinguían de los denominados ‘hombres del progreso’ en sentido estricto o los ‘anticlericales’ de 1833, en que deseaban construir el Estado-nación en conjunto con la Iglesia mexicana. Se esperaba que esta retomara su labor misionera que había mostrado en el siglo XVI, para que ayudara al gobierno al adelanto educativo, ilustrativo y técnico que requerían las mayorías de la sociedad, para equipararse con los países desarrollados de aquella época.

De 1835 a 1837 se dio la transición del Federalismo al Centralismo. Todavía existía la esperanza de que una buena constitución hiciera el milagro de sacar al país adelante, por lo que a fines de 1836 se expidieron las Siete Leyes. Estas denominaron a los estados, departamentos. Los gobernadores de los departamentos no eran elegidos por estos, sino nombrados por el Supremo Poder Ejecutivo Central. Aparte se formó un cuarto poder, llamado el Supremo Poder Conservador, que debía ser un árbitro, evitar abusos y las disputas entre los tres poderes tradicionales por arrogarse mayores facultades que las que les correspondían. Asimismo, los gobernadores estaban obligados a consultar al Ministro de Hacienda acerca de todas las cuestiones de sus finanzas y los impuestos a cobrar en sus departamentos. Por sí mismos, no podían cobrar impuestos, ni reclutar a las fuerzas armadas.

Por lo visto, se temía que los gobernadores dilapidaran el dinero que se les enviaba del gobierno central, cuestión de lo que hemos sido testigos hoy día, sin que la federación actual haya podido controlar los gastos y deudas de algunos gobernadores que han llevado a sus entidades a la bancarrota. Las Siete Leyes se caracterizaron por agregar a la constitución los derechos y obligaciones de los mexicanos y definieron quiénes tenían derecho a la ciudadanía, que eran quienes tuviesen una renta anual de cien pesos procedentes de capital fijo o mobiliario, de industria o de trabajo personal honesto. Además, para 1846 se puso como coto a la ciudadanía, el ser analfabeta. Se tenían diez años para aprender a leer y a escribir, si no se aprendía, se perdería el derecho a la ciudadanía. Con esto, la población rural se quedaría sin derecho a voto, y casi el 80 por ciento de la población urbana, también.

La razón de ponerle la restricción de un mínimo de propiedad a la ciudadanía, se debió al temor de las élites y clases medias a la participación de las masas de los estratos bajos que despectivamente llamaban ‘sans-culottes’ o léperos en los sucesos políticos, tales como, elecciones y movilizaciones populares, que terminaban en desmanes como el de la liberación de los presos de la Acordada y el saqueo del Parián en 1828 que obligaron a erigir a Vicente Guerrero, descendiente de las castas, como presidente.
En las mentes de estos ‘hombres de bien o del orden’, en los que también se podían identificar socioeconómicamente Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, pero que en contraposición política se decían ‘hombres del progreso’, por su postura anticlerical, había un gran temor a la participación de los grupos populares en la política y a sus demandas sociales, para no ser rebasadas en sus intereses económicos. Por otro lado, estas élites y clases medias se sentían las idóneas para dirigir y darle al Estado un proyecto de nación. A este temor y a este sentimiento de autosupremacía de las élites y las clases medias, por considerarse las capaces para delinear un proyecto de nación, Charles A. Hale le ha denominado ‘conservadurismo social criollo’.

En nuestra experiencia presente, habría que preguntarnos si continúa este temor a la participación política de los sectores populares bajos y desvalidos en los estratos altos y medios de la sociedad mexicana, debido a ser rebasados en sus intereses, por sus demandas socioeconómicas, y por considerar que ellos son los idóneos a dar las directrices de los proyectos de nación a seguir. Si la respuesta fuese afirmativa, nos percataríamos que, en este sentido, no hemos cambiado mucho, en comparación a los antepasados de la primera mitad del siglo XIX.

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